miércoles, 8 de julio de 2009

POSICIONAMIENTO POLÍTICO

SOBRE LA REFORMA AGRARIA


Federación Nacional Campesina


Conferencia Nacional

Asunción, 4 de julio de 2008


La propuesta de desarrollo nacional


Desde su constitución, hace 16 años, la Federación Nacional Campesina (FNC) viene luchando por el desarrollo nacional, para que nuestro país rompa con su situación de dependencia, atraso y pobreza, que tenemos como resultado de la instrumentación del Estado por los gobiernos oligárquicos sucedidos después de la Guerra de la Triple Alianza a la actualidad. Desarrollo nacional que tiene como fin último la satisfacción de las necesidades esenciales y espirituales de todos los habitantes de este país.


El desarrollo nacional tiene su centro en la producción nacional, pero no precisamente una producción limitada a la producción agropecuaria, sino una producción basada fundamentalmente en la producción industrial. La producción agrícola, ganadera, o extractiva, en si misma no genera ningún desarrollo, porque apenas son recursos naturales o materia prima que con bajo valor agregado son llevados a los países desarrollados para su transformación. El modelo agro exportador, sin valor agregado, es una desgracia para nuestro país y para cualquier otro que pretenda superar sus miserias y alcanzar el bienestar. El aumento de la pobreza extrema, el desempleo y la migración, son algunas de sus consecuencias más palpables.


El desarrollo industrial articulado a la producción agropecuaria, genera empleo, mejora los ingresos y la distribución de la renta, dinamiza el mercado interno, aumenta las capacidades de acceso a los bienes y servicios, y fortalece al Estado Nacional.


En el año 2001, la FNC planteó el Programa para la Reactivación Productiva Nacional, cuyos ejes son: la reactivación de la producción agrícola y el desarrollo industrial priorizando la transformación de los productos agrícolas. Este programa planteaba la necesidad de resolución de un problema fundamental, histórico en el Paraguay: la realización de la Reforma Agraria para superar el problema de la concentración de la tierra. Sin embargo, la oligarquía local que controla el Estado a través de sus operadores políticos partidarios de turno, agudizaron el modelo agro exportador y concentrador, especialmente de la soja, que llevó a nuestro país, a pesar de un considerable crecimiento económico en los últimos años, a una de sus peores situaciones de miseria y a colocarse como el más atrasado y subdesarrollado de la región.


La concentración de la tierra: una barrera para el desarrollo nacional


El problema de la tierra es de larga data en nuestro país. Después de la Guerra de la Triple Alianza y a principios del siglo XX, el Estado paraguayo inició un proceso de enajenación masiva de las tierras públicas, con el pretexto de aumentar los ingresos estatales, en principio para pagar los costos de la guerra y luego para invertir en el desarrollo nacional. Así miles de hectáreas pasaron a manos de empresas transnacionales brasileñas, argentinas, francesas e inglesas, que explotaban la yerba mate, producían tanino o extraían madera, sin que el Estado haya obtenido algún beneficio de las mismas.


A mediados del siglo pasado aparece el Instituto de Bienestar Rural (IBR) y como parte del apoyo de la Alianza para el Progreso de los EE.UU., llevó adelante un largo proceso de reparto de tierra y colonización cuyo resultado principal es una de las peores concentraciones de tierra existente en la región y en el mundo: Casi el 80% de las tierras explotables están en manos del 1% de la población.


IBR: Entrega de tierras, 1950 – 2000

Zona

Hectáreas

%

Personas

%

Prom. Has

Pers. Excl.

Región Oriental

4.179.187

100,00

159.814

100,00

26,2


Más de 100 has.

1.468.644

35,14

2.501

1,56

587,2

82.885

Menos de 100 has.

2.710.543

64,86

157.313

98,44

17,2


Región Occidental

7.704.075

100,00

4.736

100,00

1.626,7


Más de 1.000 has.

7.357.932

95,51

1.585

33,47

4.642,2

66.890

Menos de 1.000 has.

346.143

4,49

3.151

66,60

110,0


Total País

11.883.262

100,00

164.550

100,00

72,2



8.826.576

74,00

4.086

2,48

2.160,2



3.056.686

26,00

160.467

97,52

19,0


Total de excluidos

149.775

Fuente: Congreso de la Nación, Informe presentado al Procurador General de la República, Nov. 2004


El IBR repartió 11.883.262 hectáreas, de los cuales el 74% fue para políticos, militares y altos funcionarios estatales (4.086 personas) y sólo el 26% fue para los campesinos (160.467 personas). Con esta relación se calcula que el total de familias campesinas excluidas del acceso a la tierra por la política del IBR sería de 149.775 personas. Por otro lado, desde 1962 se establecieron alrededor de 1.250 colonias rurales, de los cuales el 70% se formaron como consecuencia de ocupaciones campesinas antes que debido a la política del IBR y del actual INDERT.


El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y la Tierra (INDERT), de reciente creación, ha tenido una intervención marginal en este problema, limitado principalmente por la falta de recursos y por el propio Estatuto Agrario que plantea la expropiación de tierra con indemnización a precios de mercado.1


Obviamente que, estas políticas no tienen nada que ver con un proceso de Reforma Agraria. Por el contrario, son políticas que claramente han ayudado a consolidar la tremenda desigualdad de la estructura agraria latifundio – minifundio existente en nuestro país, donde la tierra es tomada como un activo de capital para su atesoramiento y/o especulación (Ahorro, equilibrar los riesgos de la inflación, protección contra las crisis bancarias o financieras, como prestigio social y poder político).


De esta forma, la abundante mano de obra rural (unas 280.000 familias) se halla concentrada en una pequeña superficie de alrededor del 14%, que representa el 84% de las unidades productivas. Las restantes 86% de la superficie explotable se hallan subutilizadas. El propio Banco Mundial afirma que en el Paraguay sólo el 19,4% de las tierras se destinan a cultivos. Asimismo está demostrado que, las explotaciones más pequeñas son por lejos mucho más productivas que las grandes, quedando una enorme cantidad de superficie ociosa, o para el pastoreo natural y sin producir.


Por otro lado, desde 1991 al 2002, las propiedades de explotaciones sojeras crecieron un 75,5%, llegando a la actualidad a más de 2.600.000 hectáreas. El crecimiento del cultivo de la soja se viene dando no solamente sobre las tierras de los pequeños productores, sino también sobre la superficie ociosa de la ganadería extensiva. Lamentablemente el monocultivo de la soja aporta poco o nada al desarrollo de nuestro país: exceptuando el porcentaje marginal utilizado para moler o fabricar aceite, los granos salen del país sin contribuir con el Estado y con nulo valor agregado. Por el contrario, su producción y exportación, perjudica seriamente la salud de la población campesina y de los animales domésticos, y destruye los recursos naturales (tierra, agua y bosques), provocados por la forma de cultivo y los millones de litros de hervicidas (Glifosato y Paracuat) vertidos en el ambiente.


La concentración de la tierra y el monocultivo de la soja, conspiran de este modo, contra el desarrollo de nuestro país.


La Reforma Agraria en el Paraguay


Nunca se instaló ningún proceso de Reforma Agraria en nuestro país. Lo que hubo fue una política de enajenación y concentración de las tierras productivas en pocas manos y un intento limitado de colonización para una “ocupación estratégica del territorio”. Gran parte del minifundio que hoy se encuentran en poder de las familias campesinas fueron obtenidas con las ocupaciones realizadas o por la compra de los lotes en la época floreciente de la producción algodonera.


La realización de la Reforma Agraria es una necesidad impostergable para nuestro país, de modo a superar el conflicto social del campo y sentar las bases de la estructura productiva que impulse el desarrollo nacional.


En la FNC, tenemos muy claro que, reparto de tierra sin afectar la estructura de tenencia de la tierra no es una Reforma Agraria, es sólo un reparto de tierra para mantener lo mismo: un lote de 10 has al lado de un latifundio de 1.000 has. Una choza en el lindero de un palacio.


Para la FNC, la Reforma Agraria es un proceso de transformación y modificación de la estructura agraria actual (minifundio – latifundio), en el cual necesariamente debe haber cambios en el régimen de la tenencia y propiedad de la tierra, donde se adopten políticas económicas, educacionales, sanitarias y técnicas tendientes a mejorar las condiciones de vida de los campesinos, y sentar las bases para aumentar y hacer más eficiente el proceso productivo nacional (agrícola e industrial). Es decir que, junto con la transformación de la estructura agraria, es necesaria la adopción de medidas de mejoramiento de las condiciones de vida de los campesinos (infraestructura, servicios básicos, salud, educación y comunicación), y lo más importante, políticas de apoyo a la producción nacional: crédito, seguro agrícola, asistencia técnica, servicios a la producción, organización de cadenas productivas y del mercado interno, investigación y desarrollo, reformas tributarias, etc.


La Reforma Agraria tiene como fin acabar con el latifundio, es decir con la estructura excesivamente desigual de tenencia de la tierra, instituyendo los mecanismos para evitar que el mercado vuelva a concentrar la tenencia de la tierra en pocas manos y definiendo los incentivos para la constitución de unidades de producción rentables que básicamente se incorporen al mercado interno y a las cadenas productivas de transformación industrial.


Por lo anterior, cuando sectores de la oligarquía tradicional (ARP) y moderna (sojeros) hablan de apoyar la Reforma Agraria con el “mejoramiento de las condiciones de vida en los asentamientos”, o con “medidas que alienten a los pequeños productores a que demuestren su capacidad para mejorar los rindes de sus cultivos”, etc., solo procuran esconder la enorme contradicción que resulta de la tenencia de la tierra.


Asimismo, las políticas conocidas del Banco Mundial, tales como: “Banco de la Tierra”, “acceso a la tierra o alquiler de tierras”, “regularización o titulación de tierras”, “impuesto a la tierra”, etc., son todas medidas que tratan de ocultar el conflicto de la tenencia de la tierra y generalizar la propiedad como un activo más del capital. Las políticas de acceso a la tierra basada en el mercado y fomentada por el Banco Mundial han provocado un fuerte endeudamiento entre los pequeños productores, y han dado como resultado la reconcentración de la tierra en manos de las oligarquías tradicionales y modernas.


Sin embargo, para la FNC, la tierra no es un activo cualquiera o una mercancía más como pretende el Banco Mundial y el capital especulador. La tierra tiene características únicas que no poseen otros bienes: es inamovible y contiene recursos que no han sido creado por el trabajo humano: la fertilidad del suelo, el agua, las plantas, etc.; siendo así un factor elemental de producción proveída por la naturaleza. Aunque históricamente, su posesión ha sido manipulada como una de las principales fuentes de poder económico y político, la protección de los derechos de propiedad de la tierra no puede ser una prioridad en el proceso de la Reforma Agraria. Necesariamente este derecho en particular, de propiedad de la tierra, debe tener fuertes restricciones porque genera externalidades negativas en la población rural y nacional. Finalmente, el derecho de propiedad es apenas uno de los derechos existentes en torno a la tierra, también está el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, etc., por lo que su prioridad viola los otros derechos humanos.


Por último, queremos apuntar que la Reforma Agraria no es un proceso técnico que se realiza con un catastro y reparto de tierra. La Reforma Agraria es fundamentalmente una decisión política y en la mayoría de los casos sus objetivos prioritarios también son políticos, resultado del conflicto social generado por la estructura desigual de tenencia de la tierra y de la correlación de fuerza sustentada por la organización de los campesinos y los trabajadores en general en la búsqueda del mejoramiento de las condiciones de vida y del desarrollo nacional.


¡La lucha continúa…, venceremos!



1 Haga la cuenta de cuanto le costaría al Estado paraguayo alrededor de 2 millones de hectáreas para 100 mil familias de Sin Tierras, a unos 800 Dólares la hectárea, que es lo que cuesta en promedio la tierra en la Región Oriental.